Los centros de datos llevarán al Gobierno a los tribunales para solicitar la suspensión del real decreto y alertan de una pérdida de 66.900 millones en inversión
La patronal SpainDC recurrirá el texto por suponer "un veto de facto" con "requisitos inviables" a su actividad mientras acusa al Ejecutivo de "expulsar a España de la carrera digital"
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